Ámbito público

En el ámbito público, las administraciones públicas tienen un reto importante derivado de la longevidad de la población, para ello deberán adoptar medidas que adapten sus servicios a las necesidades específicas y heterogéneas de esta población.

En este sentido, hay una serie de «obligaciones» que contrae la administración pública y que son inherentes a ella, tales como la garantía y sostenibilidad del sistema de pensiones público así como la asistencia sociosanitaria a través de los diferentes niveles competenciales: estatal, autonómico o provincial. En este sentido, las respuestas que se adopten favorecerán, por consiguiente, que diferentes sectores económicos se vean al mismo tiempo favorecidos por esta implementación. Pero, al mismo tiempo, obligará a las administraciones públicas a diseñar nuevas políticas públicas para las personas mayores de 65 años que sean efectivas, eficientes y sostenibles.

Respuestas específicas: diagnósticos precisos

Para dar respuestas específicas, entre otras cuestiones, serán necesarios análisis y diagnósticos de la realidad precisos e hipersegmentados ya que las persona mayores no son un conjunto homogéneo. Su heterogeneidad viene marcada por diferentes variables que influyen tanto en sus necesidades como en su comportamiento como demandantes de recursos y servicios, entre estas variables, destacan las siguientes:

๏ Grado de dependencia.

๏ Ámbito rural-urbano.

๏ Nivel económico.

๏ Educación.

๏ Si la persona vive sola o acompañada.

 

Por ello, será necesario contar con equipos profesionales especializados en el ámbito de las personas mayores, tanto para realizar diagnósticos de manera eficiente como para trasladar los resultados a las políticas públicas —a través de planes, programas, protocolos, etc.— con un amplio consenso que derive en una legitimación efectiva de las acciones que, como resultado, se implementen a todos los niveles.

Otro aspecto a tener en cuenta en la respuesta dada es la «tentación de la operatividad» que se traduce, en muchas ocasiones, en poner el foco en la implementación de acciones en base a necesidades normativas cuando, sociológicamente hablando, estas deberían de responder a las necesidades sentidas y expresadas por el conjunto de la población al que van dirigidas las acciones. Por ello, resultaría imprescindible poner a las personas mayores en el centro, con independencia de las herramientas que se vayan a poner en práctica. Dicho de otro modo, lo que marca la validez de una herramienta es eficacia de la respuesta que ofrece. Esta cuestión es relevante, sobre todo, ante la introducción masiva de las nuevas tecnologías como eje sobre el que pivotan gran parte de las soluciones que se están desarrollando.

Ámbitos de actuación del ámbito público

Las persona mayores tienen algunas necesidades específicas y otras compartidas con el resto de la población referidas a diferentes ámbitos de la vida. Por ello, al hacer una relación de aquellos sectores especialmente favorecidos en la respuesta pública a las necesidades de la personas mayores de 65 años, se puede observar la variedad de ámbitos. Entre otros, podríamos citar los siguientes:

๏ Seguridad.
๏ Diseño y mobiliario urbano.
๏ Señalítica interna y externa.
๏ Espacios adaptados.
๏ Desarrollo socioeconómico: Tejido empresarial-personas emprendedoras.
๏ Ciudades Amigables, en la línea del enfoque del Imserso.
๏ Políticas de comunicación.
๏ Atención a la ciudadanía.

๏ Movilidad.
๏ Salud.
๏ Cultura.
๏ Re-conocimiento.
๏ Formación.
๏ Vivienda.

 

Asimismo, en esta respuesta es necesario un enfoque etario transversal. Es decir, se trataría de incluir la perspectiva de la edad en la respuesta que se diseñe en cada uno de los ámbitos citados, adaptándolos, por consiguiente, a las necesidades sentidas y expresadas de la población mayor de 65 años.

 

Respuestas específicas desde la seguridad

El primer ámbito al que se ha hecho referencia en esta relación anterior es el de la seguridad, y no está en primer lugar por una razón baladí, sino porque ofrecer seguridad es la base sobre las que se asientan las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo en los diferentes sectores favoreciendo, por ende, el desarrollo socioeconómico de nuestras ciudades y pueblos; en definitiva, de nuestras comunidades. Entendemos la seguridad como un concepto transversal; se trata de que las personas mayores se sientan seguras en su vida diaria ya que son el colectivo de personas que, en comparación con población más joven, se sienten inseguras con mayor intensidad y frecuencia.

Este concepto de seguridad transversal no tiene que ver únicamente con el ámbito delictivo (robos, estafas, violencia, malos tratos, etc.) sino con un sentimiento amplio e integral de seguridad que es especialmente significativo y necesario para las personas mayores. Su importancia también se traslada a la faceta de estas personas como demandantes de recursos y servicios,  ya que en la medida en que las personas mayores se sientan seguras en su comunidad,  su consumo de bienes y servicios aumentará y se fidelizará de la misma manera.

Esta seguridad también es un elemento clave en la relación de las personas mayores con el ámbito de la administración pública que nos ocupa en este artículo. Por tanto, es imprescindible promover políticas que adapten los servicios públicos a las necesidades sentidas de las personas mayores de 65 años, creando entornos seguros y contribuyendo en consecuencia, a los beneficios de la economía de la longevidad.